En medio de críticas por recientes atentados en Semana Santa y cuestionamientos sobre los avances reales en seguridad y paz, el presidente Gustavo Petro extiende por decreto el cese al fuego bilateral con una facción disidente de las Farc.
En una movida que ha generado críticas y escepticismo, el presidente Gustavo Petro decidió prorrogar por un mes más el cese al fuego bilateral con una facción de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, liderada por alias ‘Calarcá Córdoba’. Esta decisión se oficializó a través del Decreto 448 del 17 de abril de 2025, apenas dos días después del vencimiento del anterior acuerdo.
La prórroga se da en un contexto complejo, justo después de que el país viviera varios episodios violentos durante la Semana Santa, especialmente el Jueves y Viernes Santo, con atentados en zonas como el norte del Cauca, el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. Estos hechos dejaron varios heridos entre la Fuerza Pública y generaron temor en comunidades que, mientras se negocia la paz en los papeles, siguen enfrentando el accionar violento de grupos armados.
“Se sigue negociando con quienes no han dejado de disparar”, comentó un congresista del centro político, quien cuestionó que se prorrogue un cese al fuego cuando aún no hay garantías reales de desescalamiento del conflicto. Incluso desde sectores cercanos al oficialismo hay voces que piden revisar los alcances y límites de la política de Paz Total, ya que, según ellos, “no puede haber paz a cualquier precio”.
El Gobierno justificó la prórroga basándose en los avances de la Mesa de Diálogo con esa facción del EMC, que opera en regiones como el Catatumbo, el Magdalena Medio y el sur del país. En un documento firmado en La Macarena (Meta), las partes acordaron seis puntos, incluyendo un compromiso con la protección ambiental y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es el plan para revitalizar la selva amazónica y proteger zonas como Chiribiquete, La Macarena, Tinigua y Picachos. También se habló de promover economías sostenibles en 1,3 millones de hectáreas, algo que ha sido bien recibido por sectores ambientalistas, pero que aún no tiene cronograma ni presupuesto definidos.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido que mientras se habla de protección ambiental y sustitución de cultivos, en zonas como el Caquetá y Guaviare aún hay presencia de estructuras armadas que siguen imponiendo normas y controlando economías ilegales. “No basta con firmar acuerdos, se necesita presencia estatal real y continua”, afirmó una fuente de la Defensoría del Pueblo.
Vale recordar que este proceso se da después del colapso de la negociación con la otra facción del EMC liderada por alias ‘Iván Mordisco’. Tras una serie de ataques violentos en el Cauca, incluyendo asesinatos de líderes sociales y excombatientes firmantes del acuerdo de paz, el presidente Petro ordenó una “ofensiva total” contra esa ala disidente, lo que fracturó las negociaciones.
En contraste, alias ‘Calarcá’ ha manifestado su voluntad de continuar con el diálogo, lo que para el Gobierno es razón suficiente para extender el cese al fuego. Pero para muchas comunidades y analistas, esa voluntad aún no se ha traducido en una mejora real de la seguridad.
El cese al fuego estará vigente hasta las 24 horas del 18 de mayo de 2025. El país, mientras tanto, sigue dividido entre quienes creen que la paz es un proceso que requiere paciencia, y quienes piensan que seguir concediendo treguas a actores armados sin resultados concretos puede terminar legitimando estructuras criminales que no han demostrado una verdadera intención de desarme.
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