El Representante a la Cámara por el departamento del Cauca, Óscar Campo, encendió las alarmas con un contundente pronunciamiento que pone en tela de juicio la viabilidad de la política de Paz Total promovida por el Gobierno Nacional. La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de suspender operaciones militares en zonas donde avanzan los diálogos con grupos armados ha sido la gota que rebosó la copa para el congresista, quien habló sin tapujos desde su cuenta oficial en X, calificando la situación como un “desgobierno total”.
Para Campo, la Paz Total es un fracaso que sólo ha servido para debilitar a la sociedad civil, mientras los grupos al margen de la ley se fortalecen en todos los frentes. En sus palabras, las disidencias han salido ampliamente beneficiadas: liberaron a sus principales cabecillas bajo la figura de Gestores de Paz, crecieron militarmente gracias a los ceses al fuego, y expandieron sus economías ilegales de manera acelerada. “Francamente hay decisiones que no se entienden”, dijo, refiriéndose a la permisividad del Estado frente al poder creciente de estructuras armadas ilegales que hoy controlan buena parte del territorio nacional.
El representante también denunció el preocupante crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. “No se puede esconder que hay mucha más coca que en cualquier época de la historia”, afirmó. Su denuncia se extiende al surgimiento de nuevos carteles locales que operan con total impunidad, “muertos de la risa” viendo cómo el gobierno insiste en firmar ceses al fuego sin resultados tangibles. Según Campo, la situación se agrava aún más con el avance de otras actividades ilegales como la producción de marihuana y la explotación ilícita de oro, todo bajo una administración que —en su concepto— ha sido negligente y poco efectiva.
Una de las críticas más fuertes del representante se centra en el nulo impacto que han tenido las promesas del presidente Petro para atacar las finanzas criminales. Recordó que en su discurso de posesión, el mandatario prometió una ofensiva integral contra el lavado de activos y las economías ilícitas, y que más tarde, en El Tambo, Cauca, se habló de una nueva estrategia contra las drogas. “Ha sido un absoluto descalabro”, concluyó Campo, advirtiendo que estos anuncios quedaron en palabras vacías sin acciones reales.
Pero quizás el punto más sensible de su intervención es el abandono que sienten las comunidades campesinas, especialmente las que apostaron por la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. “Los campesinos cocaleros, los que ya no creen en discursos de Paz, siguen esperando el cumplimiento del Programa de Sustitución”, recalcó. Mientras tanto, sus territorios siguen dominados por actores armados que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales. Campo critica que el gobierno prefiera desplegar Consejos de Seguridad sin resultados visibles, en lugar de dar respuestas estructurales y duraderas.
En medio de este diagnóstico sombrío, el congresista lanza una pregunta que resuena como una denuncia y un llamado de urgencia: “¿Quién sacará este corcho en el remolino de la incapacidad?” Una frase que resume la percepción de frustración, estancamiento y desorientación frente al avance del conflicto armado y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y desarrollo en las regiones más golpeadas por la violencia.
Las declaraciones de Campo se suman a un coro creciente de voces que advierten sobre los peligros de una Paz Total mal ejecutada, sin controles eficaces ni compromisos reales de las partes armadas. En este contexto, su pronunciamiento no solo denuncia una realidad, sino que plantea una discusión de fondo sobre el rumbo de la seguridad nacional, la credibilidad del gobierno y la necesidad urgente de replantear la estrategia frente al conflicto armado y las economías ilegales en Colombia.
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