Nuevas irregularidades salpican a esposa del ministro de Salud: "Más allá del buque-hospital", advierte Jennifer Pedraza

Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores del servicio de salud y esposa del ministro Guillermo Jaramillo, fue denunciada ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en el nombramiento de la interventora del hospital Nazareth, en Uribia, La Guajira. La representante Jennifer Pedraza afirma que este caso se suma a otras posibles faltas éticas y legales en el sector salud, como las presiones para comprar un buque-hospital en el Amazonas.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló nuevas presuntas irregularidades en la Superintendencia Nacional de Salud que involucran directamente a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores del servicio de salud y esposa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según la congresista, Gómez estaría detrás del nombramiento irregular de la agente interventora del Hospital de Nazareth, ubicado en Uribia, La Guajira.

El hospital, de categoría C, fue intervenido por la Supersalud, y su nueva directiva quedó en manos de Nelvis Yudian Guerra, una funcionaria que, de acuerdo con la investigación de Pedraza, no cumple los requisitos mínimos establecidos por la normativa para ocupar ese cargo. La denuncia de la congresista se suma a otra previa contra Gómez Consuegra por presuntas presiones en la compra de un buque-hospital en el Amazonas, lo que sugiere un patrón de conflicto de intereses y uso del poder con fines cuestionables.

Según Pedraza, la funcionaria designada no cumple con lo dispuesto en al menos cuatro normas vigentes: las resoluciones 11467 de 2018 y 2024100000010531 - 6 de 2024 de la Superintendencia de Salud, el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Resolución 2599 de 2016. Estas normas exigen que la persona a cargo tenga al menos tres años de experiencia en dirección o asesoría a entidades del sector salud, y estar inscrita en el Registro de Interventores, Liquidadores y Controladores (RILCO). Guerra no cumplía con ninguna de estas condiciones.

La única experiencia relevante que figura en la hoja de vida de Guerra es como directora administrativa y logística en la fundación Dignidad y Vida, cuyo representante legal es Gonzalo Gómez Soto, concuñado del exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez, condenado por homicidio y señalado de corrupción durante su gestión.

“La superintendente Beatriz Gómez aseguró que Guerra cumplía con los requisitos para dirigir un hospital pequeño como el de Nazareth, pero eso es falso”, afirmó Pedraza, quien también puso de presente el vínculo político que une a esta designación con figuras cuestionadas en la región.

Este no es el primer escándalo en el que aparece implicada Gómez Consuegra. El pasado 8 de abril, Pedraza la denunció disciplinariamente ante la Procuraduría General de la Nación por presuntamente presionar a funcionarios públicos para que firmaran un contrato interadministrativo para la adquisición de un buque-hospital destinado al departamento del Amazonas. En ese caso, también se señaló un posible conflicto de intereses con su esposo, el ministro Jaramillo, por el manejo de recursos y decisiones de infraestructura en el sistema de salud.

“Lo del Amazonas fue apenas la punta del iceberg. Ahora vemos que el conflicto de intereses entre el ministro y su esposa afecta otros centros médicos, como el Hospital de Nazareth. Pareciera que allí donde el ministro gira recursos, la superintendente interviene para poner directivos cercanos a sus intereses”, concluyó la congresista.

Las denuncias apuntan a un posible entramado de poder que estaría moldeando el sistema de salud pública con criterios políticos o personales. Por ahora, la Procuraduría deberá determinar si hay méritos para iniciar una investigación formal contra Gómez Consuegra. Mientras tanto, el escándalo pone nuevamente en el centro del debate el uso del poder en el sector salud y la transparencia en el manejo de recursos públicos.



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