El legendario ciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera, gloria del deporte nacional y primer latinoamericano en ganar la Vuelta a España en 1987, enfrenta una grave investigación judicial por su presunta participación en la desaparición y asesinato de cuatro vecinos de su finca en Fusagasugá, Cundinamarca. La noticia fue revelada por Noticias Uno y ha causado conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública nacional.
La denuncia se basa en los testimonios de tres exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), un grupo paramilitar que operaba en la región durante los años más crudos del conflicto armado. Según estos testimonios, Herrera habría contratado a la estructura ilegal en 2003 para eliminar a cuatro campesinos que vivían cerca de su propiedad.
Los paramilitares aseguran que el exciclista pagó 40 millones de pesos con el argumento de que las víctimas eran supuestos guerrilleros que planeaban secuestrarlo. No obstante, las declaraciones de los excombatientes apuntan a otra razón: los campesinos se habrían negado a vender sus tierras, lo que habría motivado a Herrera a buscar su eliminación.
Uno de los testimonios más reveladores señala que los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en la misma finca del excampeón.
En declaraciones ofrecidas por sus abogados y a través de un breve comunicado público, Herrera negó rotundamente cualquier vinculación con grupos paramilitares o hechos criminales. “Nunca he tenido relación alguna con organizaciones al margen de la ley”, afirmó. También manifestó su disposición a colaborar plenamente con la justicia y expresó que no conoce a ninguno de los testigos.
En redes sociales, las reacciones se han dividido. Mientras algunos defienden la trayectoria deportiva de Herrera y piden no juzgarlo hasta que haya pruebas concretas, otros recuerdan que la verdad judicial debe prevalecer sobre el prestigio público.
Este caso también ha generado cuestionamientos al papel que jugaron algunos sectores civiles durante la expansión paramilitar en los años 2000. Fusagasugá, una región de fuerte presencia campesina, fue escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos durante esa época, y muchas de ellas permanecen en la impunidad.
El proceso judicial apenas comienza, pero ya marca un punto de inflexión en la imagen pública de uno de los ídolos más queridos del país. El reto ahora será esclarecer los hechos con base en pruebas, garantizar justicia a las víctimas y evitar que este tipo de casos queden cubiertos por el silencio o el olvido.
Mientras tanto, Lucho Herrera deberá enfrentar no solo el peso de una investigación judicial, sino también el juicio de una sociedad que exige respuestas, incluso cuando se trata de sus más grandes ídolos.
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