La representante a la Cámara Jennifer Pedraza alertó sobre el impacto que tendrá el decreto 0391 del 1 de abril de 2025, el cual obliga a las universidades públicas y a las instituciones técnicas y tecnológicas a vincular a docentes y administrativos ocasionales y de cátedra sin garantizar fuentes nuevas de financiamiento.
“La formalización de los docentes es una causa justa que apoyo, pero el Gobierno la está implementando sin nuevos recursos, lo que puede afectar gravemente la estabilidad de las universidades públicas”, advirtió Pedraza.
Financiación insuficiente
Actualmente, el 70 % de los docentes universitarios en Colombia trabaja con contratos temporales, sin estabilidad ni garantías de seguridad social. El decreto establece que cada institución debe diseñar un plan de formalización en un año y ejecutarlo en dos, pero no asigna presupuesto nuevo para ello.
“Dos de las tres fuentes de financiamiento que establece el decreto corresponden a recursos ya comprometidos en el funcionamiento de las universidades, y la tercera depende de la autorización del Ministerio de Hacienda, lo que deja en incertidumbre su viabilidad”, explicó Pedraza.
Según la congresista, sin financiamiento estatal, las universidades tendrían que asumir los costos con recursos propios, afectando áreas como bienestar estudiantil e infraestructura y profundizando la tendencia a la privatización.
Principales riesgos del decreto
- Falta de recursos nuevos: Las universidades tendrán que destinar fondos ya comprometidos para su operación.
- Plazos cortos: Se exige diseñar el plan en un año y ejecutarlo en dos, sin mecanismos de apoyo financiero claros.
- Impacto en instituciones técnicas y tecnológicas: Estas entidades, sin una base presupuestal fija, serán las más afectadas.
- Autonomía universitaria en peligro: La Universidad Nacional ha alertado sobre posibles restricciones en la administración de recursos.
Un modelo salarial que agrava la crisis
Otro problema es que los nuevos docentes serán vinculados bajo el Decreto 1279, un régimen criticado por su impacto en la estabilidad financiera de las universidades. Pese a esto, el Gobierno no ha planteado una reforma para ajustarlo.
Al mismo tiempo, la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que busca mejorar la financiación de las universidades, sigue estancada en el Congreso. En siete meses de trámite, solo ha superado uno de los cuatro debates necesarios.
Preocupación en la comunidad académica
El sector educativo advierte que sin una solución presupuestal clara, la formalización docente podría llevar a una reducción de cobertura y calidad en la educación superior pública.
“El riesgo es evidente: sin financiamiento estructural, las universidades podrían enfrentar una crisis que las empuje a privatizarse o colapsar financieramente. Exigimos respuestas del Gobierno”, concluyó Pedraza.
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