Una contundente acción contra el narcotráfico en el Caribe colombiano se dio esta semana, luego de que la Fiscalía General de la Nación afectara con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 25.000 millones de pesos pertenecientes al clan familiar Pérez Escudero, señalado de enviar cocaína desde La Guajira hacia Curazao y Aruba.
Investigación de la Fiscalía revela millonario patrimonio ilícito
Según reveló el ente acusador, los hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero no registraban ingresos formales, figuraban como beneficiarios del Sisbén y no desempeñaban ninguna actividad económica estable. Sin embargo, sorprendentemente aparecían como propietarios de al menos 9 casas y 11 lotes ubicados en los municipios de Maicao y Riohacha, en el departamento de La Guajira.
Clan Pérez Escudero: sin ingresos, pero con millonarios bienes
La situación llamó la atención de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que inició una investigación minuciosa para rastrear el origen de estos bienes. Las pruebas recopiladas permitieron concluir que las propiedades habrían sido adquiridas con recursos producto del narcotráfico.
Cocaína desde el Caribe hacia Europa: la ruta del clan narco
De acuerdo con la investigación, los Pérez Escudero harían parte de una red familiar dedicada al acopio de grandes cantidades de cocaína en los departamentos de La Guajira y Cesar. La droga era transportada hacia zonas costeras del Caribe colombiano y desde allí enviada por vía marítima hacia Curazao y Aruba. Posteriormente, el cargamento era movilizado hasta Europa, uno de los principales destinos del tráfico internacional de estupefacientes.
Bienes ocupados: casas, lotes y otros inmuebles millonarios
Las propiedades fueron ocupadas mediante diligencias realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en las ciudades de Maicao y Riohacha. Entre los bienes ocupados se encuentran viviendas de alta gama y lotes con proyección comercial que estarían valorados en más de 25.000 millones de pesos.
La Fiscalía indicó que las medidas cautelares aplicadas incluyeron la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro. Además, otras propiedades recibieron medidas jurídicas complementarias para asegurar su conservación.
SAE administrará los bienes ocupados en La Guajira
Una vez ejecutadas las medidas, la administración de los bienes pasó a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de garantizar su adecuada gestión mientras se desarrolla el proceso de extinción de dominio.
Este procedimiento busca no solo quitarle poder económico a las estructuras del crimen organizado, sino también recuperar recursos para el Estado y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente al narcotráfico.
Narcos y subsidios: la contradicción del Sisbén en Colombia
Uno de los aspectos que más ha generado indignación entre la opinión pública es que los presuntos narcotraficantes figuraban como beneficiarios del Sisbén, un sistema creado para identificar y atender a la población más vulnerable del país. Este caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de depurar las bases de datos y fortalecer los mecanismos de control sobre los subsidios estatales.
Nuevo golpe a economías ilegales en el norte del país
Con esta operación, la Fiscalía asesta un nuevo golpe a las economías ilegales en el norte del país, donde los clanes familiares dedicados al narcotráfico han aprovechado la geografía estratégica del Caribe para consolidar sus rutas hacia mercados internacionales.
Extinción de dominio: herramienta clave contra el crimen organizado
La extinción de dominio se ha convertido en una de las principales herramientas del Estado para combatir el crimen organizado. Más allá de capturar a los responsables, el objetivo es desmantelar las redes financieras que sostienen sus operaciones y debilitar su capacidad de acción.
Este operativo en La Guajira no solo representa un avance judicial, sino también una victoria simbólica en la lucha por recuperar los territorios controlados por el narcotráfico y devolverle al Estado su autoridad legítima.
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