El Gobierno nacional logró un acuerdo con comunidades indígenas del suroccidente colombiano que se encontraban en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La negociación incluyó la instalación de una mesa de diálogo permanente, el retorno a sus territorios con apoyo logístico y la creación de una ruta de trabajo con entidades nacionales para garantizar sus derechos. El proceso fue liderado por el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y contó con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá.
Después de varios días de presencia en la Plaza de Bolívar, las comunidades indígenas del suroccidente colombiano alcanzaron un acuerdo con el Gobierno nacional que les permitirá regresar a sus territorios con compromisos claros para garantizar su bienestar y derechos colectivos.
El pacto, logrado este 4 de abril en Bogotá, fue resultado de una jornada de diálogo liderada por el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado. Entre los puntos centrales del acuerdo se encuentra la instalación de una mesa de diálogo y concertación permanente, así como el compromiso de diversas entidades nacionales para construir una ruta de trabajo interinstitucional.
Según informó el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón Olave, el entendimiento alcanzado tiene como base acciones concretas, priorizando la articulación y el diálogo como ejes fundamentales de la democracia.
“Los compañeros retornan a sus departamentos luego de establecer articulaciones interinstitucionales para apoyarlos en esa logística”, explicó Rondón, quien también agradeció el papel del Ministerio Público y de la Alcaldía de Bogotá en la coordinación del proceso.
El regreso de las comunidades a sus territorios no será improvisado. El Ministerio de Igualdad y Equidad coordinará el desplazamiento con enfoque diferencial, mientras que se consolidará un listado de entidades nacionales responsables de la implementación de los compromisos adquiridos.
Edwin Rivera, vocero de las comunidades indígenas, agradeció la apertura del Gobierno y destacó que la lucha no es solo local, sino nacional. “Estamos en representación de todo un territorio nacional. Esto es por nuestros derechos colectivos”, afirmó.
El acuerdo también contempla la revisión de los procesos de registro de nuevas autoridades indígenas, respetando la autonomía de sus estructuras de gobierno propio. Este punto es clave para garantizar la legalidad y el reconocimiento institucional de sus formas de organización.
Además, el Gobierno hizo un llamado directo a las autoridades regionales y locales para que mantengan los procesos de inversión estructural y escucha activa a las comunidades indígenas, subrayando la necesidad de que estos compromisos no se diluyan con el tiempo.
Otro mensaje claro fue dirigido a los grupos armados ilegales: se les exigió cesar la violencia contra los pueblos indígenas, quienes han sido víctimas frecuentes del conflicto. “No pueden seguir amenazando a la población indígena. Este Gobierno está de su lado”, enfatizó el viceministro Rondón.
Este nuevo acuerdo representa un avance en la relación entre el Estado y los pueblos originarios, especialmente aquellos que durante años han denunciado abandono estatal y violencia sistemática. La expectativa ahora está puesta en la implementación real y efectiva de lo pactado.
Las comunidades esperan que esta vez los compromisos se cumplan y que no se repita el patrón de promesas incumplidas que históricamente han alimentado su desconfianza frente a las instituciones.
El reto para el Gobierno será transformar el acuerdo en acciones sostenidas que impacten de forma tangible la vida de estas comunidades. Mientras tanto, el retorno a sus territorios marca el cierre de un capítulo de movilización, pero también el inicio de uno nuevo en la larga lucha por la dignidad y el respeto a sus derechos.
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