El Gobierno colombiano y el Frente Comuneros del Sur firmaron dos acuerdos fundamentales para la paz territorial en Nariño. Estos pactos contemplan una estrategia técnica con enfoque interseccional y un ambicioso programa de sustitución de cultivos ilícitos que abarca más de 35.000 hectáreas en Nariño y Putumayo. La jornada también incluyó la destrucción de 585 artefactos explosivos como señal del compromiso con el desarme y la construcción de un nuevo modelo económico rural.
Este sábado se firmaron en Nariño dos acuerdos históricos entre el Gobierno nacional y el Frente Comuneros del Sur, como parte del proceso de paz territorial que se viene gestando en el suroccidente colombiano. El avance marca un nuevo capítulo en la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, con compromisos concretos, un enfoque técnico y, por primera vez, una hoja de ruta que incluye consideraciones de género, etnicidad y diversidad territorial.
La jornada estuvo acompañada por el anuncio de la creación de una subcomisión técnica, la cual será la encargada de diseñar y hacer seguimiento a la implementación del proceso. Esta instancia no solo planificará las acciones, sino que se ocupará de construir los protocolos y articular institucionalmente a los distintos actores involucrados.
Uno de los pilares de los acuerdos es el ambicioso programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, liderado por Gloria Miranda Espitia, directora del Programa Nacional de Sustitución. La funcionaria destacó que en esta etapa se acordó la sustitución de 5.000 hectáreas con los Comuneros del Sur, además de 15.000 hectáreas adicionales con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Nariño y otras 15.000 en Putumayo.
En total, 35.000 hectáreas estarán sujetas a transformación productiva en los próximos meses.
Este programa no se limita a cambiar una planta por otra. Según explicó Miranda, tiene tres componentes esenciales:
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Pagos por erradicación, que permitirán a las familias campesinas mantener ingresos durante el primer año de transición.
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Cambio de economía, es decir, no solo modificar el cultivo sino la estructura productiva completa.
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Aseguramiento de la comercialización, para garantizar que los productos alternativos lleguen efectivamente al mercado.
“Esto no es solo cambiar una mata por otra. Es cambiar toda la economía local, darle herramientas a la gente para vivir dignamente sin depender del narcotráfico", aseguró Miranda.
Como ejemplo, citó el caso del resguardo La Montaña, que ya está experimentando con ají agroindustrial, producción de vijao y hasta la creación de una empresa administrada por el propio resguardo indígena.
“Esta es la propuesta que le traemos hoy a Nariño: una propuesta para la paz. Porque el narcotráfico ha despojado a las comunidades de su derecho más básico: vivir en paz”, agregó la directora del programa.
Pero quizás el momento más simbólico del día fue el que vino después: la orden presidencial de destruir más de 500 artefactos explosivos entregados por el Frente Comuneros del Sur como parte del proceso de desarme.
Desde el sitio del evento, el presidente de la República dio la orden directa al Ejército Nacional:
“Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerra del Frente Comuneros del Sur del ELN", declaró el mandatario.
La respuesta no tardó. Desde un punto montañoso del sur del país, el capitán Paz Jiménez, comandante del Grupo Marte de la 5ª División del Ejército, respondió:
“Estamos listos para destruir los 585 artefactos explosivos entregados, en presencia de la OEA y la Consejería Comisionada de Paz.”
Este acto no solo representa un avance tangible en el proceso de paz, sino que simboliza la posibilidad real de construir una nueva narrativa para regiones como Nariño y Putumayo, golpeadas históricamente por el conflicto, la violencia y la economía ilegal.
El desafío ahora será sostener estos acuerdos con inversión, acompañamiento técnico y garantías para las comunidades. La paz territorial no se firma en un solo día: se construye desde el terreno, con voluntad política, presencia del Estado y cambios reales en la vida cotidiana de quienes han sido históricamente olvidados.
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