El debate, programado para este martes, debía contar con las ponencias de los concejales Julián Triana y Fernando López, quienes apoyan la continuidad de La Rolita. Sin embargo, la intervención del concejal Julián Uscátegui y otros miembros del Centro Democrático provocó la suspensión del debate, argumentando dudas jurídicas que, según varios sectores, solo buscan enterrar el proyecto.
Esta situación ha generado una fuerte indignación entre los trabajadores y la ciudadanía, quienes ven en La Rolita una alternativa de transporte eficiente, sostenible e incluyente, especialmente para los habitantes del sur y suroriente de la ciudad.
Un golpe a las familias trabajadoras
La Rolita no solo es un servicio de transporte, sino una fuente de empleo digna para cientos de familias. La mayoría de sus conductoras son mujeres, muchas de ellas cabezas de hogar, que han encontrado en esta empresa una oportunidad de trabajo formal con condiciones justas.
“Estamos hablando de 700 familias que dependen de estos empleos. No es solo un tema técnico o jurídico, es una cuestión social y de derechos”, afirmó el concejal Julián Triana, quien rechazó la suspensión del debate y calificó la situación como un “sabotaje descarado”.
El papel del alcalde Galán
Ahora, la continuidad de La Rolita está en manos del alcalde Carlos Fernando Galán. Diversos sectores le exigen que actúe con prontitud y no permita que las presiones políticas acaben con un proyecto que ha demostrado ser eficiente y necesario para Bogotá.
Si el alcalde realmente está comprometido con una movilidad sostenible e incluyente, debe reprogramar el debate y garantizar que se tomen decisiones basadas en el bienestar de la ciudadanía y no en intereses partidistas.
Un llamado a la ciudadanía
Las familias de La Rolita, sus trabajadores y la comunidad del sur y suroriente de Bogotá están en alerta. Piden a la administración distrital y al Concejo de Bogotá que no dejen morir esta empresa pública, que ha demostrado ser un modelo de inclusión y eficiencia.
La continuidad de La Rolita es también la continuidad de un transporte digno y sostenible para Bogotá. La ciudadanía no puede permitir que maniobras políticas pongan en riesgo el futuro de 700 familias y el derecho a una movilidad justa.
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