El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) está en el ojo del huracán tras las denuncias presentadas por la concejala de Bogotá Quena Ribadeneira, quien reveló graves irregularidades financieras y administrativas en la entidad. El escándalo gira en torno a la realización del concierto Viva La Salsa 2024, donde más de 200 millones de pesos no ingresaron a las cuentas del instituto, a pesar de las normativas de pago anticipado establecidas.
Esta no es la única anomalía señalada. También se reportan problemas en licitaciones y presuntos abusos laborales contra contratistas, poniendo en evidencia una gestión cuestionada y acusada de falta de transparencia.
¿Dónde están los más de 200 millones?
El evento Viva La Salsa 2024 fue autorizado al empresario Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S por un valor de $513.290.960. De esta suma, la empresa Bizarro Colombia S.A.S pagó $311.877.600, pero el saldo restante, superior a 200 millones de pesos, nunca ingresó a la cuenta del IDRD.
Según Ribadeneira, el empresario presentó un comprobante de pago inválido, pero a pesar de esta irregularidad, el instituto permitió la realización del evento, incumpliendo el protocolo que exige el pago total anticipado para el aprovechamiento económico de escenarios públicos.
La concejala criticó la falta de diligencia del IDRD, señalando que ocho meses después aún no se sabe qué medidas se tomarán para recuperar estos recursos públicos. También cuestionó por qué el instituto tardó cuatro meses en notificar a la aseguradora, un paso clave para la protección de estos fondos.
Licitaciones bajo la lupa
Las irregularidades no terminan allí. Durante el debate en el cabildo distrital, Ribadeneira denunció problemas en una licitación para contratar operadores logísticos del IDRD. Según la concejala, este proceso ha estado plagado de irregularidades y falta de transparencia, aumentando las sospechas sobre el manejo administrativo del instituto.
Además, surgen preocupaciones sobre el equipo responsable de estas contrataciones, ya que en la dirección del IDRD hay funcionarios investigados por presuntas irregularidades en contratos millonarios, lo que profundiza la crisis de credibilidad en la entidad.
Denuncias de maltrato laboral
Otra situación alarmante es la presunta vulneración de derechos laborales dentro del IDRD. Ribadeneira reveló que varios contratistas han denunciado maltrato por parte de directivos, así como la falta de contratos vigentes que les garantice condiciones laborales adecuadas.
Según estas denuncias, los trabajadores enfrentan presión indebida para cumplir horarios y son obligados a participar en actividades fuera de sus funciones, situaciones que vulneran sus derechos y reflejan un ambiente laboral tóxico.
Exigencia de transparencia y acciones inmediatas
Ante la gravedad de estas denuncias, Ribadeneira fue enfática al exigir respuestas claras y acciones concretas por parte de la administración distrital.
“esta administración le está fallando a Bogotá, sacrificando el bienestar de la ciudadanía y dejando en evidencia una gestión ineficiente y carente de transparencia”, afirmó la concejala.
Ribadeneira instó al IDRD a aclarar el destino de los 200 millones de pesos, acelerar el proceso de recuperación de esos recursos y revisar los procesos de contratación para garantizar transparencia. También pidió proteger los derechos laborales de los contratistas, asegurando condiciones dignas y respetuosas para quienes trabajan en la entidad.
Un llamado urgente a la rendición de cuentas
Las denuncias presentadas ponen en evidencia una crisis administrativa en el IDRD, que no solo afecta la gestión de recursos públicos, sino también el clima laboral y la credibilidad de la institución.
Ahora, la ciudadanía espera respuestas y acciones inmediatas para resolver estas irregularidades y evitar que situaciones como estas sigan poniendo en riesgo el patrimonio y el bienestar de Bogotá.
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