El próximo 5 de marzo, cuidadoras, cuidadores y personas con discapacidad se congregarán en la plazoleta del Concejo de Bogotá para reclamar la restitución de su derecho a una movilidad digna. Esta movilización surge como respuesta a recientes medidas adoptadas por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que, según denuncias, han reducido los subsidios de transporte destinados a esta población vulnerable.
La concejal Ana Teresa Bernal ha expresado su total respaldo a esta manifestación, señalando que los Decretos 061 de 2024 y 010 de 2025, junto con la vigencia del Decreto 131 de 2017, han afectado negativamente los derechos adquiridos de las personas con discapacidad en Bogotá. Estas normativas han modificado el subsidio de transporte y las tarifas diferenciales en el sistema de transporte público, impactando la calidad de vida de miles de ciudadanos.
"Esta es una clara muestra de cómo la administración prefiere recortar derechos a los más vulnerables en lugar de buscar alternativas de financiación más equitativas. ¿Cómo puede justificarse que sean las personas con discapacidad quienes terminen pagando el costo de la crisis del sistema de transporte?", cuestionó la concejal Bernal durante su intervención en el Concejo de Bogotá.
El Acuerdo 484 de 2011 y su Decreto Reglamentario 429 de 2012 establecen la obligación del Distrito de garantizar la movilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, la actual administración ha implementado medidas que, según Bernal, contravienen estos lineamientos, imponiendo barreras adicionales a quienes ya enfrentan dificultades en su vida cotidiana. Además, condicionar estos derechos al puntaje del Sisbén es visto como una medida regresiva que no considera la realidad de miles de personas que dependen de este subsidio para desplazarse a sus trabajos, citas médicas o actividades sociales.
El subsidio actual para personas con discapacidad consiste en $29,500 mensuales, abonados a la tarjeta TuLlave Plus Especial. Este beneficio permite a los usuarios acceder al sistema de transporte público con una tarifa reducida, facilitando su movilidad en la ciudad.
No obstante, con las nuevas disposiciones, se ha limitado el número de viajes subsidiados a 25 mensuales, lo que representa una reducción significativa para quienes requieren desplazarse con mayor frecuencia.La concejal Bernal ha sido enfática en su crítica a estas medidas, argumentando que representan un retroceso en materia de derechos sociales. "Es inaceptable que, en lugar de ampliar y fortalecer los beneficios para las personas con discapacidad, se estén implementando políticas que los limitan y vulneran", afirmó. Además, hizo un llamado a la administración distrital para que reconsidere estas decisiones y busque alternativas que no perjudiquen a la población más vulnerable.
La movilización programada para el 5 de marzo busca visibilizar la problemática y exigir la restitución de los subsidios de transporte en las condiciones anteriores a la expedición de los decretos mencionados. Las personas con discapacidad y sus cuidadores consideran que estas medidas afectan su autonomía y limitan su participación activa en la sociedad.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad han manifestado su preocupación por el impacto de estas políticas. Argumentan que la reducción de los subsidios de transporte no solo afecta la movilidad, sino que también limita el acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud, profundizando las brechas de inequidad existentes.
Por su parte, la administración distrital ha justificado las medidas como necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público. Sin embargo, críticos de estas decisiones señalan que es posible buscar alternativas de financiación que no impliquen recortar beneficios a poblaciones vulnerables.
La concejal Bernal ha reiterado su compromiso de seguir denunciando estas injusticias desde su posición en el Concejo de Bogotá. "Es hora de que el alcalde Galán rectifique y derogue estas medidas que golpean a la población con discapacidad y a sus cuidadores. No se puede construir una ciudad más justa sobre la base de la exclusión", concluyó.
La expectativa de la movilización es que la administración escuche las demandas de la ciudadanía y tome acciones concretas para garantizar una movilidad digna para todas las personas, especialmente aquellas que enfrentan mayores barreras en su día a día. La participación activa de la comunidad y el respaldo de líderes políticos como la concejal Bernal son fundamentales para visibilizar y atender estas problemáticas.
En conclusión, la reducción de los subsidios de transporte para personas con discapacidad en Bogotá ha generado una legítima preocupación y movilización social. La exigencia de una movilidad digna y el respeto a los derechos adquiridos son centrales en este debate, que pone en evidencia la necesidad de políticas públicas inclusivas y equitativas.
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