Solo se ha ejecutado el 8,8% del Plan de Manejo en 9 años
El Concejo de Bogotá encendió las alarmas sobre el incumplimiento del Distrito al fallo del Consejo de Estado que ordena la recuperación de los Cerros Orientales. La concejala Heidy Sánchez Barreto, de la Unión Patriótica (Pacto Histórico), lideró un debate de control político en el que se evidenció la falta de ejecución del Plan de Manejo del Área de Ocupación Pública Prioritaria y la crisis de salubridad en los asentamientos populares de la zona.
A menos de dos años para el vencimiento del plazo establecido (2016-2026), solo se ha ejecutado el 8,8% de la parte estratégica y el 32,9% de la parte programática, lo que deja en evidencia la desidia del Distrito. Ante esta situación, la concejala anunció que radicará un informe ante el Consejo de Estado para que se tenga en cuenta en el seguimiento al cumplimiento del fallo.
Fallos incumplidos y crisis ambiental
Los Cerros Orientales fueron declarados Reserva Forestal Protectora en 1976-77. Sin embargo, durante décadas, la zona fue ocupada de manera informal y sus recursos naturales fueron explotados sin control. Para mitigar el impacto, el Ministerio de Ambiente estableció en 2005 una Franja de Adecuación, compuesta por dos áreas:
- Área de Consolidación del Borde Urbano, para regularizar urbanizaciones.
- Área de Ocupación Pública Prioritaria, destinada a la conservación ecológica.
En 2013, el Consejo de Estado ratificó la existencia de la Franja de Adecuación y ordenó al Ministerio de Ambiente, a la CAR y al Distrito adoptar medidas para la protección ambiental y la normalización de asentamientos. Como resultado, en 2015 se creó el Plan de Manejo del Área de Ocupación Pública Prioritaria, con un presupuesto de $510.879 millones para ser ejecutado en 10 años.
No obstante, hasta diciembre de 2024, solo se ha invertido $34.016 millones, y la administración de Carlos Fernando Galán no ha planteado soluciones para revertir el rezago.
Esta falta de acción es crítica en medio de la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta Bogotá, ya que los Cerros Orientales son clave para la conservación de los recursos hídricos de la ciudad.
Asentamientos sin legalizar ni servicios básicos
Otra de las órdenes del fallo exigía la legalización inmediata de las urbanizaciones en la Franja de Adecuación para garantizar acceso a servicios públicos esenciales. Sin embargo, más de 11 años después:
- Solo 13 de 26 urbanizaciones han sido legalizadas.
- A 4 urbanizaciones se les negó la legalización sin ofrecer alternativas.
- De los 47 barrios legalizados, 32 tienen déficit de alcantarillado (68%) y 27 presentan fallas en el servicio de acueducto (57%).
La falta de legalización y acceso a servicios básicos afecta gravemente la calidad de vida de miles de personas, mientras la administración distrital no presenta soluciones concretas.
Prioridades presupuestarias cuestionadas
El Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" solo destinó recursos para la mejora de 1.800 hectáreas de las 9.442 hectáreas que requieren intervención en la ciudad. En la Franja de Adecuación, solo 38 de los 66 barrios fueron priorizados, dejando a miles de familias en condiciones precarias.
En contraste, el Plan de Desarrollo sí asignó grandes sumas para otros sectores:
- $1,2 billones para Instituciones de Educación Superior privadas.
- Más de $3 billones anuales para el sistema de transporte SITP.
- $817.305 millones en subsidios de vivienda para constructoras.
Según la concejala Sánchez, esto demuestra que el mejoramiento del hábitat popular no es una prioridad para la administración de Galán.
Exigen $1 billón para la recuperación de los Cerros Orientales
Ante la grave crisis ambiental y social, Heidy Sánchez y otros concejales han exigido al Distrito la asignación de $1 billón para los Cerros Orientales. La propuesta plantea destinar:
- $500.000 millones para ejecutar de inmediato el Plan de Manejo del Área de Ocupación Pública Prioritaria.
- $500.000 millones para garantizar el mejoramiento integral de todos los barrios populares de la Franja de Adecuación.
Además, se solicitó la creación de una gerencia especializada para ejecutar el Plan de Manejo y ampliar el Comité de Interlocución, con el fin de que las comunidades sean protagonistas del proceso.
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