El 50% de los hogares comunitarios en Colombia sigue sin recibir los recursos necesarios para atender a la primera infancia, denunció el concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos. A pesar de que muchos de estos hogares iniciaron actividades el pasado 3 de febrero, el Gobierno Nacional aún no ha girado los fondos para garantizar su funcionamiento.
La falta de recursos afecta directamente a 1,7 millones de niños, quienes dependen de estos espacios para recibir alimentación y cuidados esenciales. Vahos criticó fuertemente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Gobierno, acusándolos de incumplir sus compromisos con las madres comunitarias, pilares fundamentales en la protección de la niñez en el país.
Promesas de formalización incumplidas
En 2023, el Gobierno anunció la formalización laboral de 2.353 madres comunitarias en 141 municipios de 19 departamentos. Sin embargo, muchas de ellas aún no han recibido su liquidación ni la prima de servicios de 2024, y la contratación para este año sigue en incertidumbre.
Las madres comunitarias han tenido que movilizarse hasta la sede nacional del ICBF para exigir sus derechos, mientras continúan trabajando sin garantías laborales ni salariales. Además del impacto en su bienestar, esto pone en riesgo la atención de miles de niños, que dependen de estos hogares para su desarrollo.
"Parece increíble tener que aclararle esto al ICBF, pero en los hogares comunitarios los niños desayunan, almuerzan y meriendan. No girar los recursos significa que un millón 700 mil niños están pasando hambre y el ICBF no hace nada", denunció el concejal Vahos.
La niñez y las madres comunitarias, abandonadas por el Estado
La activista Nelly Patricia Mosquera, defensora de los derechos de la niñez, advirtió que el incumplimiento del Gobierno no solo afecta a las madres comunitarias, sino que viola el artículo 137 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se establecen compromisos claros para garantizar su formalización laboral.
Según Mosquera, el Gobierno, el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el ICBF tienen la obligación de crear normas que garanticen condiciones laborales dignas para las madres comunitarias. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha avanzado en ello.
Mientras el Gobierno habla de “cambio”, en la realidad 40.469 madres comunitarias en 933 municipios siguen luchando por su estabilidad, mientras atienden a más de 454.000 niñas y niños con recursos propios.
Un sistema en crisis
El problema no es solo la falta de pagos y contratación. La ausencia de recursos para los hogares comunitarios también implica un riesgo para la salud y bienestar de la niñez.
"Seguimos haciendo un fuerte llamado al Gobierno Nacional: los recursos para atender a la primera infancia deben ser prioridad absoluta. La estabilidad laboral y emocional de las madres comunitarias no es un juego", enfatizó Vahos.
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