El Gobierno nacional anunció beneficios tributarios para los operadores turísticos del Catatumbo que brinden alojamiento gratuito a las personas desplazadas por la violencia. La medida, establecida en el Decreto 0117 del 30 de enero de 2025, busca aliviar el impacto económico de la crisis.
La región enfrenta una grave crisis humanitaria. Según cifras oficiales, más de 42 mil personas han sido desplazadas en los municipios afectados. Para mitigar el impacto, el Gobierno permite que hoteles, hostales y moteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo descuenten del impuesto de renta el valor de las noches de hospedaje que ofrezcan sin costo a las víctimas del conflicto.
El beneficio está condicionado. Los establecimientos deben demostrar que sus precios son “razonables” y ajustados al contexto económico. También deben presentar documentación que respalde la atención a víctimas, como el Registro Único de Víctimas.
El decreto extiende el apoyo a hoteles convencionales y a hospedajes por horas, como moteles y hostales. Además, permite el uso de recursos de Fontur para respaldar a los prestadores de servicios turísticos. Con este dinero, se podrán otorgar subsidios, reparar infraestructuras afectadas y financiar auxilios económicos.
A la fecha, hay 1.141 prestadores turísticos registrados y 1.005 establecimientos con capacidad para recibir a la población desplazada. Sin embargo, muchos empresarios temen que la medida no sea suficiente. La principal preocupación es que el alivio tributario no compensa la falta de ingresos reales y el impacto de la violencia en la actividad turística.
El Catatumbo ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. La crisis de seguridad ha reducido drásticamente el turismo y ha puesto en riesgo la sostenibilidad de los negocios locales. Aunque el Gobierno insiste en que estos incentivos ayudarán a sostener empleos y dinamizar la economía, algunos sectores advierten que la solución es insuficiente.
Para los empresarios, la inseguridad sigue siendo el mayor obstáculo. El turismo en la zona ha disminuido debido a la presencia de grupos armados, extorsiones y enfrentamientos. Sin garantías de seguridad, la recuperación del sector sigue en duda, pese a los beneficios fiscales ofrecidos.
La iniciativa del Gobierno, aunque bien intencionada, deja interrogantes. ¿Los hoteleros pueden asumir el costo de alojar a miles de desplazados sin un apoyo financiero inmediato? ¿Qué garantías hay de que la medida aliviará realmente la crisis del turismo en el Catatumbo?
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