La economía informal representa una parte significativa del tejido social y económico de la ciudad, con un impacto de más de $1 billón de pesos anuales, equivalente al 2,5% del PIB de Bogotá. Según el DANE, el 36,5% de las personas ocupadas en la capital trabajan en condiciones de informalidad, muchas de ellas como vendedores ambulantes. A pesar de esto, la administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, ha sido acusada de no cumplir con los compromisos adquiridos para garantizar los derechos y la inclusión de este sector.
Desalojos y falta de alternativas
Uno de los puntos más críticos señalados por las concejalas fue la manera en que se han llevado a cabo los desalojos recientes en zonas como las estaciones Ricaurte y Avenida Jiménez. La concejala Atanassova aseguró que estos desalojos se han realizado sin cumplir con las garantías del debido proceso establecidas en el Decreto 098 de 2004 y la Sentencia T-073 de 2022. Esta última establece que, antes de cualquier intervención, las administraciones deben ofrecer alternativas económicas viables a los vendedores afectados.
“La falta de participación ciudadana en la elaboración de protocolos de aprovechamiento económico del espacio público, como lo ordena el Decreto 315 de 2024, perpetúa la vulnerabilidad de miles de personas, incluidas madres cabeza de hogar y población resocializada”, afirmó Atanassova, denunciando que las políticas actuales ignoran las necesidades reales del sector.
Cifras inconsistentes y un bajo alcance
Por su parte, la concejala Quena Ribadeneira expuso que los compromisos de la política pública han tenido un cumplimiento deficiente. De los 32 productos diseñados para implementar esta política, solo 10 han sido priorizados. Además, destacó la inconsistencia en las cifras oficiales: mientras el IPES reporta alrededor de 90.000 vendedores informales en Bogotá, únicamente 9.000 han sido carnetizados, dejando al resto sin acceso a programas formales o beneficios.
La concejala también señaló discrepancias en los acuerdos colectivos, ya que el IPES registra 32 mientras las alcaldías locales reportan 70. “Esta falta de claridad genera serias dudas sobre la gestión y compromiso de la administración actual con los vendedores informales”, indicó Ribadeneira.
Propuestas para dignificar la economía popular
La bancada del Polo Democrático Alternativo planteó alternativas concretas para abordar esta problemática, haciendo un llamado a reconocer el potencial económico del comercio informal. Entre las propuestas destacan la creación de una estrategia integral para organizar el espacio público bajo modelos participativos y equitativos, y la implementación de líneas de microcrédito público adaptadas a las condiciones de los vendedores informales.
Asimismo, se propuso fomentar Alianzas Público Populares, que permitan a las asociaciones de vendedores gestionar el espacio público de manera organizada, promoviendo seguridad, convivencia y sostenibilidad.
Un llamado a la inclusión, no a la exclusión
“La recuperación del espacio público no puede ser una excusa para estigmatizar a los actores de la economía popular ni para beneficiar exclusivamente a grandes conglomerados”, concluyó Atanassova. Para las concejalas, Bogotá necesita políticas que dignifiquen el trabajo informal, reconozcan su valor en la economía local y protejan los derechos de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
El debate deja en evidencia que, para este sector, la administración de Galán aún tiene una gran deuda. La falta de claridad en las cifras, el incumplimiento de la política pública y los desalojos sin alternativas viables generan un panorama preocupante que exige soluciones inmediatas y efectivas.
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